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jueves, 25 de septiembre de 2014

SUICIDIO. PÉRDIDA PRIVADA, PROBLEMA PÚBLICO.


Todos los días mueren personas por distintos motivos: corazón, cáncer,… Ninguno de estos fallecimientos es noticia, salvo que el finado sea una persona conocida, famosa, pública. En el resto de los casos, se deja que la familia pase su padecimiento en privado. Supuestamente, esto mismo debería ocurrir cuando la causa del fallecimiento es el suicidio. Incluso creo que los periodistas tienen un código deontológico al respecto. Sin embargo, a veces, algún pseudoperiodista, en complicidad con el morbo que el lector tiene, hace noticia de uno de estos hechos, explayándose, en mayor o menor medida, en detalles como el método, las iniciales a las que responde el finado, su profesión o las supuestas dificultades que le llevaron a tomar tal decisión.

Dejemos claro que el suicidio personalizado no es una noticia, que sólo alimenta el morbo y que produce una segunda victimización en los familiares. Si cabe, los casos de suicidios deben ser más anónimos y privados que el resto de fallecimientos, pues conllevan una carga de tabúes y connotaciones negativas. Deben ser los familiares los que decidan hacer más o menos pública las circunstancias que han rodeado al fallecimiento. Con ello no se defiende el “ocultismo” debido a la vergüenza y a las connotaciones negativas que seguimos arrastrando de nuestra tradición católica. Muy por lo contrario, se debe luchar contra este tabú en un mundo que cada vez se plantea más seriamente la eutanasia activa, el derecho a elegir libremente cómo y hasta cuándo vivir y cómo y cuándo morir. Podría decirse que los suicidios han sido una señal de la necesidad de plantearnos esta cuestión social e individual. Es necesario que las familias puedan hablar sobre el suicidio de un ser querido con naturalidad, sin vergüenza, reconociendo la valentía del acto o, al menos, con el derecho a comprender y aceptar tal decisión. Lo que no es ético, es que alguien ajeno a la familia y los amigos, apoyándose en la libertad de expresión y el “derecho a saber del ciudadano” utilice este hecho, privado o restringido a los conocidos, para hacerlo público y menos como suele hacerse.

Paradógicamente esta permisividad del intrusismo en el ámbito privado del suicidio (como acto individual), contrasta con las dificultades para hacer público los datos, las circunstancias del suicidio, anónimo, como hecho social y eso que no hablamos de un “pequeño” problema. En 2008 el suicidio se situó como primera causa externa de defunción ante el descenso de los fallecidos en accidentes de tráfico (según nota de prensa del INE). Eso supuso en 2010 la cifra de  3.145 muertes (2.456 hombres y 689 mujeres) lo que seguramente sólo refleja la punta del iceberg.
Ante esta cifra lo lógico sería pensar que se hace necesario un estudio (investigaciones) que nos permitan conocer en profundidad el problema y, sobre todo, demarcar aquellas variables predictoras sobre las que poder hacer hincapié. Sin embargo, la falta de un sistema que facilite la recogida sistemática de información sobre las causas (factores de riesgo) y los factores protectores, imposibilita la realización de estudios correlacionales e inferenciales que nos permitan contar con indicadores de prevención. Y ello, a pesar de que sepamos que el 90% de suicidios consumados padecían trastornos mentales; un 40%, trastorno de personalidad, alcoholismo, drogadicción o esquizofrenia; el 60% enfermedad depresiva; en un 41% habían pasado por hospitalizaciones psiquiátricas en el año previo a la muerte. Además, la autopsia psicológica de los suicidas muestran que el 90% de los casos presentaban criterios diagnósticos de 1 o más trastornos mentales, es decir, si en lugar de esperar a recopilar información tras la muerte, se hubiese obtenido antes, quizás se hubiese evitado. Si sabemos que existe una relación estandarizada de mortalidad con los intentos previos, con los trastornos alimentarios, con la depresión mayor, con el abuso de sustancias psicoactivas y con el trastorno bipolar, por qué no usar estos indicadores como señales para evaluar la ideación suicida en el paciente.
Aquellos que nos acercamos al fenómeno del suicidio con la intención de realizar estudios científicos con garantías metodológicas y estadísticas nos encontramos con escollos difícilmente superables derivados de la burocracia, el miedo y el egoísmo profesional. Desde hace años ya ni contamos con la única fuente nacional, el INE, que dejó de publicar las estadísticas sobre muertes por suicidios a principios de esta década.
A ello hay que sumar las restricciones impuesta por la ley de protección de datos sobre información médica que, a veces, se utiliza como escusa, se sobredimensiona o se mal interpreta para no atender peticiones de otros profesionales.   
Otra fuente de dificultades proviene, valga la redundancia, de las propias fuentes de información. La primera de ella sería el servicio de documentación clínica que puede proporcionar (previa autorización de la Dirección) las cifras brutas de casos atendidos en urgencias, los ingresos y las muertes en los que figure como diagnóstico principal  "autolisis, intento de suicidio, ...", pero en muchas ocasiones el diagnóstico se limita o se decanta por "herida incisa en muñeca, intoxicación medicamentosa, precipitación, politrauma, ...” etiquetas bajo las que pueden esconderse casos de suicidios o intentos que quedarían fuera de estudio con la consabida pérdida de fiabilidad de la investigación.
Una segunda fuente (posible) sería el servicio de psiquiatría. La mayoría de los intentos de suicidio que sobreviven se remiten a Psiquiatría para valoración. Los psiquiatras documentan muy bien sus pacientes, pero, se trata de información muy confidencial. Acceder a los expedientes para obtener datos es sumamente difícil, además de que se limitarían a intentos o suicidios fallidos.
 Por último, existe la obligación legal de dar parte al Juez de Guardia de todas estas asistencias, por lo que es posible que los Departamentos Forenses de los Juzgados  cuenten con información al respecto. De nuevo, una larga burocracia y un desconocimiento de la organización de dichos datos obstaculizarían cualquier investigación que se basase en esta fuente de información.
Y así, mientras seguimos creando campañas publicitarias para reducir todo lo posible las muertes por accidentes de tráfico, apenas si invertimos en un problema que, según algunos estudios, para el año 2020 a nivel mundial, 1,53 millones de personas morirán por suicidio y se producirán entre 10 y 20 veces más intentos suicidas. Es decir, en promedio se producirá una muerte por suicidio cada 20 segundos y un intento suicida cada 1 a 2 segundos.